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¿Qué le pasa a los gobiernos cuando sienten la necesidad incontenible de jugar a ser dueños de cada metro cuadrado? La Ley de Delegación de la Corporación de Vivienda de 2006 en Puerto Rico es el escenario perfecto para ver cómo se empeñan en controlar y regular, todo bajo la bandera de supuesta 'ayuda'. Creada en 2006, esta ley fue aprobada con la idea de mejorar la infraestructura de vivienda y facilitar proyectos de interés público. Suena ideal, ¿cierto? Prometió empoderar a la Corporación para delegar funciones y optimizar la efectividad en proyectos de vivienda. Se lanzó como una innovación hecha realidad por un grupo de tecnócratas con visión de futuro.
Las autoridades de Puerto Rico querían que la Corporación de Vivienda tuviera el poder de delegar ciertas tareas a agencias locales y organizaciones no gubernamentales. Estos galimatías legales de reparto de responsabilidades parecían el mejor camino hacia la eficiencia. Sin embargo, se ha convertido en un laberinto de regulaciones. El control excesivo y las puertas giratorias políticas son una característica de la administración pública que es bien conocida.
Los beneficios legítimos que buscaban las organizaciones privadas y las pequeñas empresas se ven oscurecidos por la burocracia. Las promesas se convierten en una serie de obstáculos administrativos que hace difícil, si no imposible, llevar el libro de sueños a la realidad. La Ley fue diseñada para enfrentar la escasez de vivienda y modernizar la infraestructura, especialmente en áreas necesitadas. Pero, como es típico, los gobiernos que dicen que están al servicio de la libertad cometen la traición de encontrar nuevas maneras de imponer restricciones. Los amigos y aliados del empresario poco honesto se benefician, mientras el ciudadano común enfrenta más reglas.
Y, por supuesto, el presupuesto se convierte en maná para quienes controlan el grifo. Con la creación de nuevos cargos y la asignación de fondos a funcionarios políticamente conectados, se manifiesta una desagradable versión del viejo auto-interés. La historia muestra que el aumento en el gasto público es frecuentemente una bandera roja. Las entidades locales que esperaban más poder han encontrado en su lugar una montaña de papeleo y trámites interminables. ¡Qué sorpresa! Eso es lo que sucede cuando se invita al gobierno a cenar a casa.
Los papeles y requisitos cumplen con todo tipo de justificaciones aparentemente racionales. Apoyado en una narrativa de transformación urbana, la ley trata supuestamente de equilibrar el desarrollo comunitario y la responsabilidad social. Pero cuando se rasca debajo de la superficie, aparece la estructura de poder de siempre. Sin decirlo abiertamente, afirman que solamente los elegidos pueden liderar estos proyectos. Muchos en la derecha política entiende que el precio de la verdadera libertad económica es, paradójicamente, menos intervención.
Los resortes del sistema político actúan como una máquina bien engrasada que privilegia a quienes están en la cúspide. Pero en el nombre del bienestar social, la clase política se asegura de que el poder quede en su lado del campo de juego. Después de todo, los gobiernos no son precisamente conocidos por su dinamismo en la eficiencia.
En conclusión, mientras algunos celebran la Ley de Delegación de la Corporación de Vivienda de 2006 como un paso hacia una sociedad moderna y equitativa, otros la ven como otra manifestación de la pesada mano del control gubernamental. Hay quienes creen que en realidad es una extensión del gasto de expansión desmesurada que tiene cero consideración por la agilidad y eficiencia del libre mercado. La intervención del gobierno no es la panacea. Eso es algo que las corrientes políticas más progresistas parecen olvidar cuando debaten sobre el papel del estado.
No se trata de estar en contra de innovaciones para el bienestar común. Se trata de preguntarnos cómo queremos avanzar: ¿con el látigo del regulador o con el dinamismo de la iniciativa privada? Para los derechistas, las respuestas son obvias.