¿Quién dijo que la política no podía ser divertida? En 2009, mientras el resto del mundo enfrentaba la crisis económica global, California nos ofrecía un espectáculo digno de un circo con la Proposición 1A. Esta medida, vendida al público como una solución mágica para equilibrar el presupuesto del estado, buscaba aumentar los límites de reservas presupuestarias y establecer un fondo para emergencias económicas. En teoría, parecía una buena idea, pero vamos a desenmascarar este truco de prestidigitación nada digno para la dorada California.
La Proposición 1A fue una de una serie de medidas presupuestarias en una elección especial. La gravedad de la crisis dio lugar a esta táctica desesperada por parte de la administración estatal para tapar agujeros presupuestarios que el gobierno no quería enfrentar con soluciones valientes e innovadoras. Esta proposición apareció el 19 de mayo de 2009 como un salvavidas para el presupuesto estatal, bajo el disfraz de responsabilidad fiscal.
Pero ¿qué nos decía realmente la Proposición 1A? Supuestamente, el objetivo era crear una reserva sólida para tiempos difíciles mediante la extensión de un aumento de impuestos. Habría permitido al estado guardar más dinero en los años buenos, estableciendo reglas más estrictas sobre cómo gastar o ahorrar los ingresos fiscales. Todo esto suena bien hasta que nos damos cuenta de que era simplemente una excusa para más impuestos disfrazados. Los adeptos del gasto público defendieron esta estafa asegurando que resolvería todos los problemas financieros del estado.
La realidad de la Proposición 1A era precisamente lo contrario. California ya estaba asignando recursos escasos de manera ineficiente y, en lugar de abordar el problema principal del despilfarro gubernamental, se optaba por cargar con más impuestos a los contribuyentes. Porque, en las mentes del gobierno, la solución a todo es siempre recaudar más y no gastar menos. Se esperaba que el aumento de impuestos generara entre 16 mil a 20 mil millones de dólares en nuevos ingresos en los próximos cuatro años, ingresos que se obtendrían directamente del bolsillo de ciudadanos honestos que ya estaban sufriendo debido a la crisis económica.
Quienes respaldaron la medida insistieron en que esta reestructuración fiscal protegería programas vitales de salud y educación en tiempos de recortes presupuestarios. Pero es un secreto a voces que, cuando se trata de despilfarro, la maquinaria del gobierno es un experto indiscutible. Nos prometían una cura para todas las enfermedades fiscales del estado, mientras mantenían ocultos los verdaderos efectos negativos de unas políticas financieras mal estructuradas.
La oposición señaló rápidamente que el problema no era la falta de ingresos fiscales, sino la desenfrenada y descarada mala gestión de los fondos públicos. Con un sistema ya plagado de impuestos y regulaciones, las personas productivas de California veían cómo su duro trabajo alimentaba un sistema burocrático que devoraba recursos sin fin.
Por suerte, los votantes californianos, al menos en este caso, olieron la desesperación y dijeron "no" a la Proposición 1A. El rechazo de la medida envió un mensaje claro: la solución a los problemas fiscales no radica en más impuestos, sino en una reforma que ponga fin al gasto despilfarrador del gobierno. Porque al final del día, un estado financieramente saludable no puede construirse sobre las espaldas de ciudadanos sobrecargados.
Es un cuento amargo, pero educativo, de cómo el populismo fiscal se viste de racionalidad económica. Los que creen que más impuestos son la respuesta a cada problema están viviendo en una ilusión. Los votantes deberán seguir atentos, porque si la Proposición 1A nos enseñó algo, es que detrás de cada oferta estatal aparentemente razonable generalmente hay una letra pequeña a la que conviene prestar mucha atención. Como un lobo con piel de oveja, las propuestas de más impuestos siempre prometen mucho, pero terminan dando poco, o nada, a cambio.