Aquí estamos, enfrentando otra maravilla del universo progresista: la "política de ataque de etiquetas de precio" que propone modificar mercados como si fueran juguetes de niños. La escena cada vez más común y desconcertante nació de la idea de gente que sufre alergia a los principios básicos de la economía. Llegan como cruzados, pretendiendo que saben salvar tu billetera de los codiciosos comerciantes usando regulaciones y controles de precios. ¿El resultado? Otra genialidad digna del museo de fracasos utópicos.
La política de ataque de etiquetas de precio ha sido la herramienta preferida de algunos economistas bienintencionados pero irremediablemente alejados de la realidad. Ellos dicen que fijar el precio de bienes básicos solucionará todos los problemas de desigualdad y pobreza. Pero vayamos por partes, ¿funciona realmente esta estrategia desde hace tres décadas?
¿Quién puede olvidar el desastre del control de precios en la época de Salvador Allende en Chile? Allende intentó ser el Robin Hood económico, y lo único que logró fue instaurar el caos absoluto. La intervención estatal generó escasez de productos básicos que desató un mercado negro floreciente. Podrías nadar en las aguas del comunismo si quieres, pero estarás en el mar de las estanterías vacías.
Los arquitectos de esta política creen que regulando los precios se contendrán los costos. Parece una idea sacada de un cuento de hadas; sin embargo, la realidad es otra. La economía no responde a órdenes burocráticas como un perro amaestrado, sino a las dinámicas de oferta y demanda. Fijar precios simplemente lleva a las empresas a salir del mercado, ya que no pueden sostener sus costos de producción.
Quizás el ejemplo venezolano les suene: un país rico en recursos naturales pero pobre en juicios económicos, donde la etiqueta de precio controlado terminó con colas infinitas y estantes vacíos, porque sencillamente, si el gobierno dice que vender algo a su valor verdadero es ilegal, los productos desaparecen.
¿Por qué los autoproclamados visionarios insisten en hacer lo que ya falló? Esto es lo que se pregunta cualquiera que tenga un mínimo de memoria histórica. Es como ver a alguien tropezar con la misma piedra una y otra vez y llamarle innovación. Perdona, pero insultar la inteligencia de tus ciudadanos desde un púlpito estatal con promesas vacías no es innovación.
La filosofía detrás de esta política también es explicada como un intento de "justicia social", pero sobra decir que justicia sin libertad económica es condena. En el mundo real, los precios actúan como señales vitales que informan a productores y consumidores. Manipular estas señales distorsiona el mercado, generando un desenfrenado efecto dominó que perjudica a trabajadores, agricultores y consumidores por igual.
Ahí está la carnada para quienes se embelesan con los discursos populistas. ¿Quién no querría un país donde un artículo, idealmente, no costase más de lo que la gente puede permitirse? Pero esa tentadora fruta imaginaria está podrida por dentro.
En otras palabras, la política de ataque de etiquetas de precio es un intento malogrado de querer resolver los síntomas de un problema económico sin manejar sus causas. Las restricciones de precios son como tratar de tapar un agujero en una represa con una venda. Aplausos para aquellas mentes que no permitirán que la realidad les arruine una buena narrativa populista.
Aquellos que orbitan estos cónclaves ideológicos nunca admitirán que los límites de sus imposiciones nunca se detienen en el número que escriben en la etiqueta. Tienen que lidiar entonces con temibles consecuencias secundarias como el mercado negro, corrupción y reducción en la calidad de los productos. ¡Pero todo con la mejor intención del mundo, por supuesto!
Rendirse ante la realidad de que las fuerzas del mercado son las que deben guiar la asignación de recursos debido a su naturaleza informativa, es algo que incomodará a aquellos que sueñan con un mundo donde cada necesidad sea mágicamente satisfecha por decreto. En ese sentido, la política de ataque de etiquetas de precio es el mayor acto de fe, no en la divinidad protectora del mercado, sino en el dudoso poder legislativo de una política pública miopemente planificada.