Cuando la pandemia golpeó como un ladrón en la noche, los líderes mundiales respondieron con una ola interminable de políticas. La "Ley Suplementaria de Preparación y Respuesta al Coronavirus, 2020" no se quedó atrás, marcando un clavo más en el ataúd de la libertad económica. Aprobada en 2020, en el corazón de México, esta ley tenía como objetivo, supuestamente, preparar al país para la tormenta de COVID-19, mientras que otros vieron que solo incrementaba la burocracia.
¿Qué contenía esta ley? Para empezar, autorizó una avalancha de recursos adicionales para la salud pública y servicios relacionados, todo en nombre de una mayor "preparación". Pero mientras vivíamos un escenario digno de una película distópica, esta mezcla de regulaciones se extendía como el propio virus. Se dispuso la reorganización del presupuesto para cubrir medidas de salud, sin importar si estas tenían sentido común o parecían salidas de un cuento de terror mal planteado. La historia es conocida: cuando el gobierno otorga dinero sin transparencia, el desperdicio y la ineficiencia son los reyes de la fiesta.
Se nos dijo que las autoridades buscarían mejorar las condiciones laborales de los profesionales de la salud con salarios justos. Sin embargo, la magia del papel no siempre se traduce en realidad. Renovar hospitales y adquirir equipo médico era lo que prometían, pero la implementación fue tan lenta como el tráfico de la Ciudad de México en hora pico. Cada peso, o peso malgastado, fue una excusa perfecta para cerrar negocios pequeños bajo el ridículo pretexto de "medidas de seguridad".
Por no mencionar las directrices de la ley hacia las compras de bienes públicos, que se dispararon con la excusa del "estado de emergencia". Cuando el camino fácil es torcer las reglas en tiempos caóticos, el recelo no tarda en llegar. La falta de licitaciones públicas transparentes se convirtió en la norma, permitiendo que políticos aprovecharan el caos para llevar a cabo invasiones masivas a los bolsillos del ciudadano común. El pequeño empresario pagó los platos rotos mientras veía cómo los contratos se acumulaban en manos de pocos privilegiados.
Hubo mucho ruido sobre la transferencia y distribución de recursos a los estados. Ahí es donde la discusión se vuelve aún más intrigante. En un intento aparente por demostrar acción, la ley proponía inyectar dinero a las distintas regiones, pero el dinero se hizo humo antes de llegar a la calle. Los informes de corrupción rondaban como gaviotas sobre un puerto abandonado.
Esto nos lleva a la eterna pregunta: ¿realmente era necesaria tanta regulación sin límites claros? Se puede argumentar que lo único que trajo fue un caudal de caos, en algunas zonas peor que el propio virus. Los optimistas podrían decir que era importante estar preparado para futuras pandemias, pero aquellos que sabemos leer entre líneas entendemos lo que realmente provocó: el comercio arruinado, el desempleo emboscando familias y la certeza de que otras fuerzas estaban en control mientras el ciudadano promedio se quedaba en casa.
Y claro, no podemos ignorar a quienes celebraron estas medidas. Un sólo pueblo quedó ignorado: el comerciante trabajador que nunca pidió la intervención gubernamental para abrir sus puertas. Ciertamente, los líderes de escritorio defendieron la ley como un acto de heroísmo nacional, ignorando los gritos de quienes perdieron su sustento.
La "Ley Suplementaria de Preparación y Respuesta al Coronavirus, 2020" fue más que un simple documento legal; fue un reflejo de cómo se expandía el control mientras nos mandaban mantener la distancia. Todo bajo la trampa retórica de "estamos juntos en esto". Y aquí queda la incógnita, ¿en verdad estábamos juntos, o simplemente fue otro brazo extendido de la vigilancia gubernamental bajo la máscara de cuidar la salud pública?