La justicia en Estados Unidos, ese gigante que se autoproclama como la tierra de la libertad, es una mezcla intrigante de paradoja y peculiaridad. En este país donde todo es posible, la justicia parece, a veces, funcionar para todos menos para aquellos que la necesitan. Entre prédicas de igualdad y manifestaciones de justicia imparcial, nos encontramos con un sistema judicial que deja bastante que desear.
Mucho se habla de la independencia del sistema judicial gringo, pero cuando uno se adentra en los casos más sonados, se descubre un laberinto de influencias políticas y económicas que manipulan sentencias según caprichos de poderosos. Tratar de entender cómo millones de estadounidenses terminan encarcelados por delitos menores, mientras grandes ejecutivos caminan libremente después de estafar millones de dólares, resulta ser un ejercicio que hasta el más legalista se atrevería a reconsiderar.
Primero, está el sistema de jurados. Ese mismo que nos venden como la esencia de la democracia pero que es tan manipulable como una hoja en el viento. Nos hablan de doce ciudadanos comunes decidiendo el destino de un acusado, pero la realidad es que los abogados más astutos saben bien cómo jugar sus cartas para influenciar las decisiones de los jurados. Basta con ver y escuchar las historias de abogados seleccionando jurados basándose en prejuicios y tendencias que favorezcan su versión del caso.
Luego, está el tema del dinero. En un lugar que proclama la oportunidad para todos, el acceso a una defensa adecuada parece reservada exclusivamente para aquellos con recursos económicos. Mientras que el ciudadano promedio, si se ve acusado, termina con abogados de oficio que, aunque con buenas intenciones, muchas veces no cuentan ni con el tiempo ni con los recursos para poder llevar una defensa digna. Los juicios se convierten en una lucha de dinero y poder, donde el resultado es predecible dependiendo de cuánto puedas pagar.
¿Qué decir de las prisiones privadas? Un negocio que parece sacado de una novela de terror. Estados Unidos, en lugar de buscar la rehabilitación, ha creado un sistema carcelario que perpetúa el ciclo de la criminalidad. Las compañías que manejan estas prisiones tienen un interés económico en mantenerlas llenas, así que no es de extrañar que veamos tasas de encarcelamiento exorbitantes. La justicia, en este esquema, no es más que un producto y los reos son el inventario.
A eso se suma el vergonzoso tema de las disparidades raciales. En un país que alguna vez alardeó de haber superado el racismo, las estadísticas en el sistema judicial golpean el rostro de esa declaración. Las minorías raciales son desproporcionadamente arrestadas, juzgadas y condenadas, como si la igualdad ante la ley fuera un sueño inalcanzable. Parece que aquellos que promovieron el "sueño americano" no se dieron cuenta de que era solo eso: un sueño.
No podemos dejar de hablar de las sentencias mínimas obligatorias. Una invención que suena justa en papel pero que, en la práctica, ha causado más daño que justicia. Estas leyes limitan la capacidad del juez para considerar circunstancias individuales de cada caso, resultando en penas desmesuradas que no solo afectan al condenado, sino a toda una familia, perpetuando la pobreza y desesperanza.
¿Y la corrupción? Esos altos cargos judiciales y políticos que claman por una justicia imparcial, pero que bajo la mesa trafican influencias y acuerdos. Aunque muchos quisieran creer en un sistema impoluto, la realidad muestra otra cosa. Las conexiones políticas pesan más que cualquier prueba, en un juego de poder donde, desgraciadamente, los ganadores y perdedores ya están predestinados.
La discrecionalidad en el sistema de justicia penal también es un punto de conflicto. Los fiscales tienen la posibilidad de decidir si persiguen o no un caso, y cómo lo hacen, lo que deja mucho espacio para que se cuelen intereses personales y agendas políticas. De ahí nacen muchas de las injusticias que no llegan a ser corregidas.
Finalmente, están las reformas. Cada cierto tiempo, con bombo y platillo, se presentan nuevas leyes y regulaciones que supuestamente cambiarán el rumbo de la justicia. Pero parecen más golpes de efecto que verdaderas soluciones. La burocracia y la falta de verdadera voluntad política hacen que los cambios se queden en papel.
Estados Unidos podría ser la tierra de la libertad que tanto presume. Sin embargo, su sistema de justicia necesita más que simples parches. Se requiere una reestructuración profunda, que verdaderamente contemple la igualdad y elimine las diferencias económicas y raciales. Un sistema donde ser acusado no implique llevar la ruina de por vida, mientras el culpable de cuello blanco duerme tranquilo. Porque la justicia debería ser para todos, no solo para unos privilegiados.