La Orden Ejecutiva 13771 fue promulgada por el entonces presidente Donald Trump el 30 de enero de 2017. Esta orden tenía como objetivo reducir la carga regulatoria en los Estados Unidos mediante la implementación de un enfoque llamado 'dos por uno'. En esencia, por cada nueva regulación introducida, dos regulaciones preexistentes debían ser eliminadas. Este enfoque suena atractivo en teoría, especialmente si lo consideramos desde la perspectiva de un gobierno más pequeño y menos intervencionista que suele atraer al sector empresarial que se siente ahogado por un exceso de reglas.
No es difícil simpatizar con la frustración que enfrentan las pequeñas empresas frente a la burocracia. Las reglamentaciones, si bien a menudo tienen buenas intenciones de proteger al consumidor y al medio ambiente, pueden ser costosas y difíciles de cumplir para quienes carecen de los recursos necesarios. La idea de reducir estas cargas parece, a primera vista, un intento justo de nivelar el campo de juego para los empresarios. Sin embargo, observando más de cerca, es importante preguntarnos si este enfoque radical en la reducción de regulaciones no tiene también un lado oscuro significativo.
El concepto de eliminar regulaciones puede naturalmente alarmar a muchos, especialmente a quienes reconocen que ciertas reglas están destinadas a proteger los derechos de los trabajadores, su seguridad, la salud pública y el propio planeta. Retirar regulaciones arbitrariamente sin evaluar sus beneficios y consecuencias puede generar más daño que beneficio. Por ejemplo, las regulaciones en las industrias químicas y energéticas suelen estar vigentes para prevenir desastres ambientales potenciales y proteger a los empleados. ¿Cómo aseguramos que al eliminar dos regulaciones para introducir una nueva, no estamos comprometiendo estas protecciones esenciales?
Los defensores del enfoque menos regulado argumentan que demasiadas reglas sofocan la innovación y el crecimiento. Creen que una reducción se traduciría en una mayor flexibilidad y creatividad en las formas en que operan las empresas. Pero, como en muchos debates económicos, es vital encontrar un equilibrio saludable. En este caso, el equilibrio entre la libertad de mercado y las protecciones para la ciudadanía debe ser cuidadosamente considerado.
Por otro lado, la era digital brinda algunas lecciones útiles. La tecnología avanza rápidamente y a menudo, las reglamentaciones no logran mantenerse al día con los cambios. Las innovaciones en sectores como el transporte compartido, las criptomonedas o el comercio electrónico han evidenciado que en ocasiones la falta de regulaciones más refinadas puede estancar el progreso. Sin embargo, incluso en estos casos, es crucial que las nuevas reglas se diseñen considerando tanto la implementación práctica como las posibles consecuencias indeseadas, asegurando que su impacto no sea ni excesivo ni deficiente.
Para muchos en la Generación Z, la era post-crisis financiera y los resultados del cambio climático son realidades tangibles. Vivir en un mundo donde las decisiones de los reguladores podrían tener repercusiones tanto inmediatas como en el largo plazo es motivo de reflexión profunda. Algunos de sus representantes sostienen que el enfoque de 'menos es mejor' carece de visión de futuro y que, al centrarse en un alivio regulatorio inmediato, ignora el costo humano potencial y las devastaciones ambientales.
A pesar de las intenciones detrás de la Orden Ejecutiva 13771, una de sus críticas más contundentes es que crea una “carrera hacia el fondo”. En lugar de fomentar un entorno donde las decisiones se toman en base a un meticuloso análisis del riesgo-beneficio, genera un escenario donde el mero acto de eliminar reglas se convierte en una métrica del compromiso con la 'eficiencia'. Las regulaciones tienen el propósito de reflejar los valores y prioridades de una sociedad; serían, en consecuencia, una culminación de análisis cuidadosos sobre qué es mejor para el bien común.
Innumerables son los casos de desastres que pudieron haberse evitado o mitigado si ciertas regulaciones se hubieran implementado o fortalecido a su debido tiempo. La crisis económica de 2008, en parte atribuida a una falta de supervisión reguladora adecuada en Wall Street, es un ejemplo de cómo fallas sistémicas pueden desencadenarse sin el debido monitoreo gubernamental.
La necesidad de revisar los marcos regulatorios es indiscutible. Sin embargo, es fundamental que esta revisión no se convierta en un acto de destrucción sin más, sino que esté acompañada de un análisis riguroso y de un diálogo abierto con todas las partes involucradas. Al final, la política de regulaciones debe ser diseñada no solo para favorecer al capital sino para proteger y promover el bienestar de la sociedad en su conjunto.